Los delitos contra la propiedad industrial han aumentado en los últimos años;  tanto en mercadillos como en Internet se encuentran mercancías falsificadas y,  en la mayoría de las ocasiones, los perjuicios principales,  en materias tan delicadas como la salud,  recaen sobre el consumidor final de los productos.

La última reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2015 ha modificado el artículo 274,  que regula el delito contra la propiedad industrial, y ha incorporado una Disposición Final Segunda que modifica el artículo 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a la destrucción de mercancías que atentan contra la propiedad industrial.  En general, esta reforma ha endurecido las penas para este tipo de delitos.

La reforma deja un cierto margen de discrecionalidad al Juez para adecuar la respuesta penal en  función de la valoración de la gravedad de la infracción cometida,  lo que podrá causar problemas de interpretación en relación al concepto de “gravedad”,  dado que entrarán en juego la valoración del perjuicio para el titular del derecho (marca, patente, etc.),  la merma de la competitividad del mercado, así como el  perjuicio al consumidor.