Le asesoramos y desarrollamos lo que se conoce como política de defensa penal preventiva o Compliance, a  fin de evitar que su empresa pueda ser condenada con penas que pueden llegar a su disolución, como consecuencia de una infracción penal cometida por uno de sus empleados o directivos.

Tras la Ley 1/20015 de reforma del Código Penal, el haber adoptado preventivamente las medidas necesarias de Cumplimiento Normativo puede servir de eximente de la responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y evitar una condena que puede ir desde una importante sanción económica hasta el cierre de una de las áreas o de la empresa en su totalidad.

Por ello, se ha convertido en una necesidad la adopción y desarrollo de programas de cumplimiento normativo que evitarían que, en caso de comisión de un delito por un empleado o directivo de una empresa, además de dicho empleado o directivo, sea condenada la propia empresa.

Los exoneración de la responsabilidad penal no se aplicaría si aun habiéndose adoptado dichos programas, estos no se están aplicando,  por lo que hay que incorporar estrategias para la vigencia e implantación de dichos programas en cada una de las áreas de actividad de la empresa, junto a un sistema que detecte los incumplimientos y las sanciones.

Todo ello conlleva la instauración de sistemas específicos de control formativos e informativos, incluyendo un canal de denuncia con garantía de anonimato y un protocolo de investigaciones internas. La implantación y control de este sistema se facilita si se hace por asesores externos, con el consiguiente ahorro tensiones internas.